LA POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La política pública de diversidad cultural en lo que se refiere a los pueblos indígenas es indicativa. No sobra advertir que las acciones que se desprenden de la misma deben ser concertadas con los pueblos indígenas y sus comunidades dentro de un espíritu de colaboración y diálogo culturalmente, es decir, a partir de la aceptación de otras visiones y otras perspectivas sobre la cultura. Esta política señala  los intereses por velar por el reconocimiento y respeto de las culturas indígenas y poder contribuir con las comunidades a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos culturales.

El objetivo principal de esta política pública se centra en contribuir con los pueblos y comunidades indígenas para el fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos  culturales, buscando así que se de reconocimiento de las manifestaciones y valores culturales de los pueblos indígenas y sus valiosos aportes a la construcción de la nación

POLÍTICA PUBLICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES AFRODESENDIENTES

La población afro descendiente está ligada a la vida y la historia de la nación colombiana desde su conformación. Tiene presencia en todo el territorio nacional pero se concentra en los litorales Caribe y Pacífico y en ciudades como Cali y Cartagena. Es vital enfatizar que la presencia de la comunidad afro descendiente en regiones como los Llanos Orientales, la Orinoquia, la Amazonia o el Eje Cafetero es notable, por tanto es importante desmitificar la idea de que la presencia afrocolombiana se reduce sólo a unas regiones del país.

Esta política busca l busca orientar la acción pública con el fin de garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de los afrodescendientes, y elevar así la capacidad de gestión de las comunidades locales y sus consejos para la gestión y salvaguardia integral de su patrimonio cultural.  Basándose fundamentalmente en el respeto  y la autonomía de las comunidades afrodescencientes y por medio de lineamientos El Estado debe garantizar a estas comunidades y personas el ejercicio de su derecho cultural y contribuir con las mismas en el fortalecimiento de estos derechos